PARAGUAY, 12 Mar (EUROPA PRESS)
Este martes, la Fiscalía de Paraguay presentó formalmente acusación y solicitó la apertura de juicio oral y público contra tres exministros y cuatro exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez, que gobernó desde 2018 hasta 2023. Los acusados enfrentan cargos por presuntos delitos de asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos, según difundió la institución.
Entre los señalados se encuentra el exjefe de la Secretaría de Prevención contra el Lavado de Dinero (Seprelad), Carlos Arregui; el exresponsable de Anticorrupción, René Fernández; y el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien además se ve envuelto en otro juicio oral por presunto soborno del narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Giuzzio dejó su cargo en octubre de 2022 tras admitir conexiones con este último.
La causa incluye a cuatro exfuncionarios más, tres de los cuales ocuparon altos puestos en Seprelad. La Fiscalía sostiene que los implicados orquestaron un "esquema" entre 2021 y 2022 para la "elaboración y filtración de informe de inteligencia financiera y filtración de pedido de carácter confidencial" realizado a través de la plataforma electrónica de la Red de Recuperación de Activos de Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica). El objetivo era instigar una investigación penal contra adversarios políticos de Abdo Benítez.
El origen de la investigación surge a partir de una denuncia del expresidente Horacio Cartes, quien lideró Paraguay entre 2013 y 2018 y actualmente dirige el opositor Partido Colorado. Cartes alega ser objeto de una "persecución" por individuos con poder político desde que concluyó su mandato.
Aunque el documento acusatorio menciona a allegados del gobierno anterior, no recoge nombres de Mario Abdo Benítez ni de su exasesor y diputado oficialista, Mauricio Espínola, quienes figuraban en la imputación de marzo de 2024, probablemente debido a su inmunidad parlamentaria.
La acusación se produce después de que la defensa de los acusados recusara al fiscal general y a otros tres fiscales asignados al caso, argumentando falta de objetividad en la conducción de la investigación.