MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Israel ha anunciado este viernes el fin de la emisión de órdenes de detención administrativa contra colonos en Cisjordania y Jerusalén Este, una controvertida medida aplicada fundamentalmente a palestinos que permite mantener bajo arresto de forma indefinida y sin cargos a personas sospechosas de cargos contra la seguridad.
El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha sostenido en un comunicado que "en una realidad en la que los asentamientos judíos en Judea y Samaria --nombre bíblico de Cisjordania empleado por las autoridades de Israel-- son sometidos a graves amenazas terroristas palestinas y a sanciones internacionales injustificadas, no es apropiado que el Estado de Israel adopte unas medidas tan severas contra los colonos".
La decisión fue trasladada esta semana por Katz al jefe del Shin Bet --los servicios de seguridad interna--, Ronen Bar, al que pidió que ponga en marcha "herramientas alternativas", según el documento, que indica que "en caso de que haya sospecha sobre actos criminales, los responsables pueden ser procesados y, si no, hay otras medidas preventivas que pueden adoptarse y que son diferentes a las órdenes de detención administrativa".
"Condeno cualquier acto de violencia contra los palestinos y el tomarse la justicia por la mano, por lo que pido a la cúpula de los asentamientos que adopte una postura pública similar y que exprese una postura inequívoca sobre este asunto", ha manifestado Katz, quien ha afirmado que el Ejército y las fuerzas de seguridad "deben poder hacer frente al terrorismo y la violencia palestina".
El anuncio ha sido aplaudido inmediatamente por varios miembros del Gobierno de Israel --encabezado por Benjamin Netanyahu e integrado por partidos ultraortodoxos y ultraderechistas--, así como por integrantes de los movimientos a favor de la expansión de los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados.
Así, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, ha aplaudido en su cuenta en la red social X que "hay un ministro de Defensa en Jerusalén", al tiempo que ha felicitado a Katz por lo que describe como "una noticia importante y enorme".
"Es una corrección de una injusticia que dura muchos años de maltrato y supone justicia para los que aman la tierra", ha añadido el político ultraderechista, que reside en uno de los asentamientos levantados en Cisjordania.
En esta línea, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, otro defensor de la expansión de los asentamientos, ha afirmado que la decisión de Katz "abole la discriminación contra los colonos en Judea y Samaria y pone fin a la injusticia en la que los colonos eran ciudadanos de segunda clase contra los que se usaban medidas draconianas y antidemocráticas".
Smotrich ha argumentado en su cuenta en X que estas medidas "no se utilizan contra ninguna otra población del Estado de Israel, excepto terroristas y enemigos peligrosos", antes de agregar que "los colonos son ciudadanos respetuosos con la ley que se oponen a la violencia o a tomarse la justicia por su mano".
La política de detenciones administrativas, empleada habitualmente contra ciudadanos palestinos, permite a las autoridades mantener bajo arresto a sospechosos sin necesidad de presentar cargos contra ellos y por periodos prorrogables de forma casi indefinida, lo que ha provocado numerosas críticas por parte de la comunidad internacional.
La violencia en Cisjordania y Jerusalén Este ha aumentado a raíz de los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los diez meses previos de ese año se había registrado el mayor número de palestinos muertos en estos territorios desde que hay datos recabados por Naciones Unidas.
El Derecho Internacional considera ilegales todos los asentamientos en los Territorios Palestinos Ocupados, si bien el Gobierno de Israel diferencia entre aquellos a los que ha dado permiso y los que no, que son los únicos que considera contrarios a su legislación nacional.
Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó en julio que la política de asentamientos israelí es contraria a la Cuarta Convención de Ginebra sobre el desplazamiento forzoso de personas y que, en particular en lo referente a la explotación de los recursos naturales y la imposición de leyes nacionales, es constitutiva de un esfuerzo de anexión y contraria al Derecho Internacional.