MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El abogado general del Tribunal Supremo de Países Bajos ha recomendado este viernes a la corte que ratifique la suspensión vigente del envío de piezas a Israel del avión de combate F-35 al entender que existe un riesgo claro de comisión de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario en la Franja de Gaza.
"Sobre la base de diversas normas internacionales de las que los Países Bajos son parte, la exportación de material militar debe prohibirse si existe un riesgo tan claro", según la recomendación firmada por el abogado general, Paul Vlas, y publicada por el Supremo en su página web oficial.
El abogado general es una figura que actúa como un órgano asesor del Supremo, que no tiene sin embargo la obligación de atender a sus recomendaciones.
Estas piezas son artículos militares que eran exportados a Israel desde la base aérea de Woensdrecht bajo permiso especial desde 2016, hasta que en febrero de este año el Tribunal de Apelaciones de La Haya ordenó al Gobierno neerlandés que suspendiera sus envíos. Las autoridades pidieron al Supremo una opinión a este respecto, pero decidieron aceptar la orden de suspensión del tribunal de apelaciones mientras tanto.
No obstante, la sección neerlandesa de la ONG Oxfam denunció en julio que las autoridades del país estaban, en realidad, sorteando la orden del tribunal, enviando las piezas en su lugar a Estados Unidos para su entrega posterior a Israel. Esta denuncia llegó a un tribunal, que acabó desestimándola al entender que Israel no podía ser considerado como el "destino último" de estas piezas.
El abogado general estima por contra que "la reevaluación del proceso de envío debe tener lugar según los criterios obligatorios de los tratados internacionales para del que los Países Bajos son parte", añade el comunicado.
Ahora, el Tribunal Supremo neerlandés comenzará una deliberación sobre la recomendación del abogado general y los contraargumentos del Gobierno, dirigidos no tanto a la prohibición en sí, todavía en firme, como contra la idea de que la más alta instancia judicial civil del país se pronuncie sobre una cuestión de seguridad nacional.