MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El juez argentino Sebastián Ramos ha abierto esta semana una investigación para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad perpetrados por las autoridades venezolanas contra la oposición al amparo de la jurisdicción universal.
El fiscal Carlos Stornelli ha sido quien ha abierto la causa a instancias de la denuncia presentada por la Fundación Clooney en abril contra "integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana, sin perjuicio de toda otra responsabilidad que la instrucción eventualmente determine, sea del ámbito de la fuerza y/o de funcionarios gubernamentales de los cuales dependieran" por los homicidios de manifestantes durante las protestas de 2014, informa el diario argentino 'Clarín'.
Entre los militares investigados se encuentran altos mandos chavistas como Justo José Noguera Pietri, quien fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014 y posteriormente ocupó el cargo de gobernador del estado de Bolívar.
También son investigados el general de división José Dionisio Goncalvez Mendoza, quien fue comandante de la Guardia del Pueblo en 2014; el general de brigada Arquímedes Herrera Russo, Comandante de la Región N2 de Carabobo; el Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilan, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Región N2 de Carabobo; el Coronel Ephraín Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, Estado de Carabobo; el teniente coronel Frank Alonzo Osuna Díaz, comandante del Destacamento N 24 de la Guardia Nacional Bolivariana; el teniente coronel Carlos Martínez Astudillo, comandante del Destacamento Norte; el teniente Luis Amaya Chirino; y otros seis sargentos.
Los nombres de las víctimas están recogidos en el documento al que ha tenido acceso el diario 'Clarín'. Estos funcionarios militares cometieron un ataque "generalizado" y "masivo" contra la población civil generando una "multiplicidad de víctimas".
El fiscal Stornelli ha pedido para avanzar con esta investigación informes al Consejo de Derechos Humanos de la Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Tribunal Penal Internacional (TPI), donde actualmente está en marcha una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La Justicia argentina ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos como el de 2010 en el que abrió una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante el régimen franquista. La investigación dio lugar a una orden de exhumación por parte del tribunal que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre.
En 2021, y aplicando de nuevo la jurisdicción universal, el fiscal Guillermo Marijuan inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad rohingya en Birmania.
Además, a comienzos de este año 2023, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presentó una denuncia penal para que se investiguen los crímenes cometidos por autoridades de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el marco de la cumbre de la CELAC que se celebró en Buenos Aires.