Publicado 18/11/2024 21:06

PP y Vox denuncian el secuestro de la comisión del Congreso para retrasar la votación de la ley fiscal

Archivo - Vista general de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, a 18 de abril de 2023, en Madrid (España). El PSOE y el PP alcanzaron ayer un primer acuerdo para sacar adelante la reforma de la ley del ¡solo sí es sí’. Ambos grupos par
Archivo - Vista general de la Comisión de Justicia en el Congreso de los Diputados, a 18 de abril de 2023, en Madrid (España). El PSOE y el PP alcanzaron ayer un primer acuerdo para sacar adelante la reforma de la ley del ¡solo sí es sí’. Ambos grupos par - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han cargado contra el PSOE por retrasar hasta después de la medianoche la votación definitiva de la Comisión de Hacienda del Congreso para negociar con sus socios la reforma fiscal ante las derrotas previas de las votaciones parciales de enmiendas.

El portavoz del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que el Gobierno "tiene secuestrada a la Comisión de Hacienda en el Congreso". En su mensaje en X, el 'popular' ha señalado que el PSOE pidió a las 20.30 horas "el primer receso y, "una hora más tarde el segundo, hasta las 23.00".

"Son las 00.35. El presidente de la Comisión está desaparecido y los diputados, trabajadores de la Cámara y periodistas esperando a que se dignen a aparecer", ha criticado el portavoz parlamentario, que también ha cuestionado la actitud del Gobierno. "¿Hasta dónde piensan llegar con su indignidad? Basta ya", ha zanjado.

Al respecto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha tildado la situación en la Cámara Baja de "inaudita". "Secuestrar una comisión del Congreso y mantenerla bloqueada hasta la madrugada para intentar no perder más votaciones es sólo la última cacicada de un PSOE sin límites ni apoyos", ha escrito en redes sociales. "Cada día están más débiles, pero cada día son más peligrosos", ha alertado.

En este sentido, el diputado y portavoz de Economía del PP en el Congreso, Jaime de Olano, ha pedido a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que la Inspección de Trabajo sanciones al grupo parlamentario del PSOE "por vulneración de los derechos de los trabajadores: servicios de la Cámara, policías, periodistas".

EL CONGRESO, "SOMETIDO" A SÁNCHEZ

También la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha denunciado este lunes por la noche el "secuestro" que a su juicio ha llevado a cabo el PSOE en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja.

"A esta hora el PSOE tiene secuestrados a los diputados en la comisión de Hacienda hasta que consiga los apoyos para sacar adelante sus subidas de impuestos", ha expresado Pepa Millán en un mensaje en X.

Según ha expresado la dirigente de Vox, las instituciones como el Congreso están sometidas "al interés de Sánchez por dormir un día más en la Moncloa".

En este contexto, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, también ha reprochado a los socialistas que la Comisión en la que se está decidiendo el futuro fiscal del Estado "esté parada". "Es una muestra más del juego corto de algunos y del desorden de esta legislatura", ha escrito en redes sociales.

La Comisión de Hacienda del Congreso ha optado por retrasar hasta después de la medianoche la votación definitiva de la ley para establecer un impuesto mínimo global del 15% a empresas multinacionales, posponiéndola en un primer momento hasta las once de la noche de este lunes. Y es que el PSOE, en las votaciones parciales de enmiendas, ya había sufrido varias derrotas y el resultado de la votación global se presentaba incierto por falta de apoyos.

Posteriormente, el Gobierno ha acordado con ERC, EH Bildu y BNG a prorrogar un año más el impuesto a las empresas energéticas para salvar el proyecto de ley que incluye un nuevo tributo mínimo global del 15% para empresas multinacionales.

La promesa del Ejecutivo, que ahora se tiene que materializar, se ha producido a última hora de este lunes ante la posibilidad de que decayera el proyecto de ley del impuesto a las multinacionales, que nace como una Directiva Europea exigida por Bruselas y del que depende un desembolso de 11.000 millones de euros de fondos europeos.

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