CARACAS, 12 Abr. (Notimérica) -
Mitzy Capriles, esposa del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, rechazó la decisión que este lunes tomó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de declarar inconstitucional, por unanimidad, la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional que fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela el pasado 29 de marzo.
La esposa del capitalino expresó su repudio a la medida y señaló que "con la decisión de la Sala Inconstitucional del TSJ, el régimen enfrenta la voluntad de la mayoría con la injusticia. Es insólito que el Presidente Maduro promueva un acuerdo entre FARC-ELN y el Gobierno Colombiano, mientras aquí obstaculizan la Ley de Amnistía para Venezuela. Eso solo tiene una explicación y es que el gobierno pretende reventar al país".
Capriles de Ledezma, quien desde la detención de su esposo hace más de un año se ha erigido como una defensora de los derechos de su marido y el resto de los considerados presos políticos venezolanos, considera que "lo que es verdaderamente inconstitucional es este gobierno. Este es otro golpe a la Constitución perpetrado desde las entrañas de un poder integrado por funcionarios del gobierno. La Asamblea Nacional es depositaria de la soberanía popular, tiene legitimidad de origen y debe hacer respetar la Constitución Nacional. Declarar inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, es negar la paz que necesita Venezuela", expresó.
ANTONIO LEDEZMA
El alcalde fue arrestado hace un año, el 19 de febrero de 2015, por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
Posteriormente, fue acusado de conspiración y asociación para delinquir y trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, donde permaneció recluido varios meses, hasta que hubo que sacarlo de emergencia al hospital por problemas de salud y le fue dictada la medida cautelar de arresto domiciliario.
Hace apenas un mes, le fue realizada la primera audiencia ante el juez donde la Fiscalía reiteró su acusación y pidió un mínimo de 16 años de cárcel.