MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -
Las fuerzas de seguridad de Honduras han detenido este domingo al exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, quien encabezó el golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel Zelaya, y otros dos ex altos cargos, acusados por presuntos delitos de homicidio y lesiones graves contra manifestantes en julio de 2009.
"Las tres capturas se ejecutaron hace unos instantes por la Policía Nacional de Honduras en coordinación con el Ministerio Público en Tegucigalpa y La Paz", ha anunciado el ministro de Seguridad hondureño, Gustavo Sánchez Velásquez, a través de su perfil en la red social X.
Por su parte, el detenido ha utilizado dicha plataforma para denunciar "públicamente que el Gobierno comunista" le ha "capturado injustamente". "Soy víctima de persecución política y manipulación de poder", ha manifestado el exgeneral.
"No lograrán callarme. Nunca di una orden de atentar contra ningún hondureño. Hace meses (que) vengo denunciando el intento del Gobierno comunista de callarme a cualquier costo", ha agregado Vásquez.
El Ministerio Público había presentado previamente a través de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos un requerimiento fiscal contra el que fuera jefe del Estado Mayor Conjunto, así como contra su 'número dos', Venancio Cervantes Suazo, y el excomandante del Mando de Operaciones Especiales, Carlos Roberto Puerto Fúnez.
Estos requerimientos se deben a que el organismo considera a los tres "responsables de los delitos de homicidio y lesiones graves contra los ciudadanos Isis Obed Murillo Mencías y Álex Roberto Zavala Licona, simpatizantes que permanecían en los alerededores del Aeropuerto Internacional Toncontín a la espera del retorno al país del entonces presidente constitucional".
Murillo perdió la vida tras recibir un proyectil de arma de fuego en la cabeza mientras participaba en la manifestación, mientras que Zavala sufrió "graves" lesiones a consecuencia de los disparos realizados por miembros de las Fuerzas Armadas.
Según las investigaciones de la Fiscalía, "las actuaciones de los militares fueron brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente" y dichas acciones "que resultaron en muertes y graves lesiones no fueron actos aislados, sino crímenes ejecutados" bajo "órdenes directas" de los tres acusados.
"Los altos mandos del Estado Mayor Conjunto, responsables directos de comandar y planificar el operativo, no solo incumplieron su deber de supervisar y controlar a sus subordinados, sino que, con pleno conocimiento de los hechos, permitieron y facilitaron estas atrocidades. Su negligencia e inacción configuraron graves violaciones a los Derechos Humanos, dejando a los manifestantes a merced de una fuerza militar que actuó con una violencia inhumana y desmedida", reza un comunicado.
El ministro de Exteriores, Enrique Reina, ha considerado que la captura de los tres exaltos cargos militares es un acto de justicia, remarcando que "a nadie se le persiguió por esos crímenes y ahora un Ministerio Público llega a desempolvar esos casos". "Como funcionario, digo que deben ser investigados y, de ser culpables, que sean enjuiciados", ha declarado.
"La manifestación fue recibida con disparos a bala viva, lo que se trató de ocultar en medios de comunicación, llegando a publicar fotos retocadas. La búsqueda de justicia es un DDHH. No es persecución política. El caso fue denunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por muchas organizaciones nacionales e internacionales", ha señalado.
Los manifestantes esperaban la vuelta de Zelaya --marido de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro-- desde Nicaragua. En la madrugada del 28 de junio, unos 200 militares le esposaron a punta de pistola y le llevaron al aeropuerto.