MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
Comisiones Obreras (CCOO) cree que el registro de alojamientos de corta duración que entró en vigor este 2 de enero es "mejorable" y que el nuevo índice del INE para actualizar el precio del alquiler es "limitado", ya que solo se aplica en el caso de actualizar las rentas en los contratos de arrendamientos posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, es decir, tras mayo de 2023.
En un comunicado, el sindicato ha valorado las medidas en materia de vivienda aprobadas en el real decreto del último Consejo de Ministros de 2024 de manera "positiva", pero las ve "insuficientes" para garantizar el acceso a una vivienda digna.
Sobre el registro único de arrendamientos de corta duración, en el que se incluye el alquiler turístico y de temporada, CCOO cree que la norma debería incluir la aportación documental previa de la causalidad del alquiler temporal, limitación temporal de seis meses más otros seis prorrogables --la norma establece 12 meses--, la prohibición de destinar edificios completos al alquiler habitacional y mayor potestad a las comunidades de vecinos para limitar el alquiler vacacional más allá de lo establecido en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
De igual manera, cuestiona que no esté definida aún de manera correcta y completa la fiscalidad a aplicar al alquiler turístico e insiste en la necesidad de sacar cuánto antes un régimen sancionador propio para el incumplimiento de esta norma, ya que por el momento solo se aplicarán las sanciones establecidas en las legislaciones locales o autonómicas.
Desde el sindicato insisten en que es necesario la inspección y control del cumplimiento de esas normativas para evitar situaciones como las que se están dando respecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que al no existir inspección efectiva y sanciones por parte de las administraciones, mucha de la normativa no se está cumpliendo, como es el pago de los honorarios de agencia por parte de los inquilinos.
En relación al nuevo índice del INE para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda (IRAV), CCOO lo ve "muy limitado" y considera que las limitaciones de incrementos, como ya sucedió en los años 2022, 2023 y 2024, son más efectivas, además de afectar a la totalidad de contratos.
VE "POSITIVO" EL TRASPASO DE INMUEBLES A SEPES
De igual manera, respecto al traspaso de inmuebles públicos a Sepes para el alquiler asequible, desde el sindicato ven "positiva" esta medida para incrementar el número de viviendas públicas en alquiler asequible.
De igual manera, considera que la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, con objeto de simplificar y flexibilizar la promoción de vivienda pública a través de la colaboración público-privada, puede "animar" al sector privado de la promoción inmobiliaria.
Sin embargo, desde el sindicato creen que también hay riesgos negativos si no van acompañadas de una limitación del beneficio de las empresas concesionarias a través del control de precios de las viviendas por parte de la Administración, como está sucediendo en con el Plan Vive en la Comunidad de Madrid.
CCOO pide también tener en cuenta los posibles riesgos laborales para los trabajadores de las concesionarias, dado que la modificación introducida en la normativa permite que las propias empresas concesionarias elaboren su Plan de Seguridad y Salud Laboral, sin supervisión externa.
"El problema de la vivienda no tiene ni soluciones ni planteamientos únicos, pero si existe el consenso sobre la necesidad de construir y adquirir vivienda pública a precios asequibles, de un lado, y generar un parque de alquiler social para personas en situación de vulnerabilidad", concluyen.