BUENOS AIRES, 19 (Notimérica/EP) -
La jueza federal María Servini se negó a interrumpir sus vacaciones para tramitar la denuncia presentada por el fiscal Alberto Nisman, que este domingo fue hallado muerto de un tiro, contra la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires.
Servini argumentó que la denuncia "no encuadra en ninguno de los supuestos" que permitirían habilitar la llamada feria judicial, como se conocen los dos periodos de vacaciones que tienen al año los tribunales argentinos.
Además, esgrimió que el fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, encargado de presentar la denuncia, no aportó "los elementos probatorios" necesarios para motivar la interrupción de la feria judicial.
Por su parte, el juez del caso AMIA, Rodolfo Canicoba Corral, mostró su enfado porque, según dijo al canal CN23, se enteró de que Nisman había presentado una denuncia contra Fernández de Kirchner "por los medios de comunicación".
Canicoba Corral también sugirió que Nisman habría basado su denuncia contra la mandataria en pruebas obtenidas a través de supuestas escuchas telefónicas ilegales, según informó entonces la agencia de noticias Télam.
"Yo no he intervenido, yo no autoricé esas escuchas. Las escuchas sirven para llegar a una prueba pero no son una prueba en sí, y menos éstas que fueron hechas sin ningún tipo de control", dijo Canicoba Corral.
DENUNCIA CONTRA EL 'KIRCHNERISMO'
En un escrito de 300 páginas, Nisman señalaba a Fernández de Kirchner y a su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, entre otros cargos públicos, como autores y cómplices de encubrimiento agravado de los sospechosos iraníes, así como de otros delitos conexos, como obstrucción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"La señora presidenta ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de Justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado. Decidió fabricar 'la inocencia de Irán'", concluía el fiscal.
El representante del Ministerio Público solicitó además de una declaración indagatoria, un embargo preventivo de los bienes de Fernández de Kirchner y los demás acusados por 200 millones de pesos (23,3 millones de dólares).
ATENTADO CONTRA LA AMIA
El atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos es el mayor ataque terrorista perpetrado en suelo argentino, a pesar de lo cual sigue sin resolver, principalmente, porque los sospechosos, cinco iraníes entre los que se encuentran el ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani y el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, nunca han sido interrogados.
En 2013, los gobiernos de Fernández de Kirchner y Mahmud Ahmadineyad firmaron un Memorando de Entendimiento (MOE) con el objetivo de "destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada".
El memorando permitía por primera vez a las autoridades argentinas interrogar a los acusados en el país suramericano del atentado contra la AMIA, algo a lo que la República Islámica se había negado insistentemente.
Dicho memorándum contenía la creación de una Comisión de la Verdad integrada por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de la Argentina y de la República Islámica de Irán.
Sin embargo, en mayo de este año pasado, la Sala I de la Cámara Federal declaró inconstitucional el Memorándum con Irán, aceptando la acción de amparo interpuesta por AMIA y DAIA, que, como víctimas del atentado, solicitaron la inconstitucionalidad de la Ley que aprobó el acuerdo entre los dos países, y su anexo (el memorandum), petición que fue apoyada durante el trámite por el Fiscal General, Alberto Nisman.
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