MÉXICO DF, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha indicado que el fiscal general, Erik Holder, cuenta con su "total confianza", a pesar de la fallida operación 'Rápido y Furioso', con la que las autoridades estadounidenses introdujeron miles de armas en México que cayeron en manos del crimen organizado.
"Holder tiene toda mi confianza porque ha demostrado estar dispuesto a hacer responsables a aquellos que realizaron esas acciones", ha dicho el inquilino de la Casa Blanca en una entrevista que ha concedido este jueves a la cadena hispana Univisión.
De esta forma, se ha referido a la investigación interna del Departamento de Justicia que exime de responsabilidad al fiscal general y señala como posibles culpables de la pérdida de armas en la frontera con México a 14 funcionarios, entre ellos el jefe de la División sobre el Crimen del Departamento de Justicia, Lanny Breuer.
Además, ha rechazado que se trate de un informe parcial, recordando que el inspector general del Departamento de Justicia "es una figura creada específicamente para ser independiente del fiscal general". Así, ha aseverado que "es un informe imparcial, honesto y duro con muchos funcionarios".
La operación 'Rápido y Furioso' se llevó a cabo entre 2009 y 2010, sin el conocimiento del Gobierno mexicano para introducir armas en el país iberoamericano, hacer un seguimiento y descubrir los entresijos de las organizaciones criminales. Sin embargo, se perdieron más de 2.000 armas que finalmente acabaron en manos del crimen organizado.
Los errores de 'Rápido y Furioso' quedaron de manifiesto en diciembre de 2010, tras un tiroteo en el que perdió la vida el agente fronterizo Brian Terry. Dos pistolas introducidas en las redes del narcotráfico por funcionarios estadounidenses aparecieron en el lugar donde se produjo el crimen, una zona rural de Arizona.
FLUJO DE ARMAS A MÉXICO
Interrogado sobre las posibilidades reales de frenar el flujo de armas hacia México, el mandatario ha reconocido que es un objetivo "difícil" porque choca con la Segunda Enmienda de la Constitución, que reconoce el derecho de los ciudadanos estadounidenses a poseer armas de fuego.
"Nosotros, como Gobierno, debemos defender la Constitución, por lo que queremos proteger los derechos de los que compran armas, de los propietarios de armas", ha explicado, al tiempo que ha reconocido que "a menudo este negocio es explotado" con consecuencias trágicas.
Por tanto, ha considerado que la solución pasa por adoptar "medidas equilibradas" que, por un lado, "defiendan los derechos de los ciudadanos estadounidenses" y, por otro, "eviten que las armas caigan en manos de criminales".