MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -
Estados Unidos ha confiscado este lunes el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se encontraba requisado en República Dominicana desde principios de este año, alegando que fue adquirido y ha operado contraviniendo las sanciones que previamente habían sido impuestas por las autoridades de Washington.
El Departamento de Justicia sostiene que el avión, que ha sido trasladado a Florida, se compró en Estados Unidos a través de una empresa fantasma y se sacó de contrabando, infringiendo así las sanciones sobre control de exportaciones que se impuso al Gobierno de Nicolás Maduro.
La aeronave, un Dassault Falcon 900EX, está valorado en 13 millones de dólares y ha permanecido en Santo Domingo durante los últimos meses después de que fuera incautado por la Policía dominicana. Su embargo se ha hecho efectivo en las últimas horas, después de que fuera solicitado por un tribunal de Florida el 22 de mayo.
"Las aeronaves adquiridas ilegalmente desde Estados Unidos en beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente volar hacia el atardecer", ha dicho el secretario adjunto del Departamento de Comercio, Matthew Axelrod, según se lee en el comunicado del Departamento de Justicia.
"No importa cuán lujoso sea el jet privado o lo poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave ilegalmente sacada de Estados Unidos", ha destacado.
Washington sostiene que entre finales de 2022 y principios de 2023, un grupo de personas cercanas al presidente Maduro se sirvieron de una empresa fantasma con sede en el Caribe para adquirir este avión a otra empresa afincada en Florida.
"El avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 (...) y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportarle a otros países", afirma el Departamento de Justicia.
A principios de año, Estados Unidos impuso nuevas sanciones al sector energético de Venezuela en represalia por no haber organizado, a su juicio, unas elecciones libres. Una situación que se ha agravado después de que una parte de la comunidad internacional no haya reconocido el triunfo de Maduro en las urnas.